Con la participación e intervención de la ministra Cynthia Figueredo se desarrolló este jueves la sesión ordinaria de la Mesa Interinstitucional de Prevención de la Violencia contra la Mujer (Mesa PREVIM), integrada por 17 instituciones públicas y dos organizaciones de la sociedad civil. Durante el encuentro desarrollado en el Ministerio de la Mujer analizaron ocho acciones concretas ante los casos recientes de violencia extrema contra las mujeres.

Los puntos específicos abordados fueron el uso de dispositivos de control electrónico (tobilleras); la evaluación de personas reincidentes en hechos de violencia, con miras a la aplicación de medidas; evaluaciones psicológicas vinculadas a la implementación de medidas de protección; propuestas de tratamiento para agresores; estrategias de prevención de la violencia; formación de formadores; el proyecto de Ley sobre Juzgados Especializados en Violencia contra las Mujeres; nota de Coordinadora de los Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy); y la convocatoria del MinMujer a las Organizaciones de la Sociedad Civil para integrar la Mesa PREVIM.

Con respecto al primer punto, la Mesa PREVIM acordó instar a la ampliación de la Acordada Nº 1779/2025, de fecha 20 de enero de 2025, ampliando la implementación del uso de dispositivos electrónicos (tobilleras electrónicas) como herramienta de fortalecimiento del sistema de protección y de las medidas cautelares, en todas las circunscripciones judiciales y en los siguientes fueros: Penal Ordinario, Penal de la Niñez y Adolescencia, Ejecución Penal y Juzgados de Paz.

Estos dispositivos son útiles a nivel nacional y se encuentran coordinados por el Ministerio del Interior a través del Sistema de Monitoreo de Dispositivo Electrónicos de Control (SIMDEC). Actualmente, existen ocho dispositivos activos. La implementación requiere conexión a internet y pueden ser utilizados en casos que involucren a mujeres y niñez, constituyéndose en un recurso valioso para el sistema de protección, que ya cuenta con los recursos humanos capacitados. Los dispositivos deben ser solicitados a petición de parte (defensores públicos – defensores particulares) al Juez, para que pueda ser beneficiado, y en caso de insolvencia, el Estado corre con los gastos.

En el segundo punto referente a la evaluación de personas reincidentes en hechos de violencia se acordó elevar una nota a la Corte Suprema de Justicia, al Ministerio de la Defensa Pública y al Ministerio Publico, a fin de realizar una revisión, actualización y aplicación de test psicotécnicos para la evaluación de personas reincidentes en hechos de violencia, proponiendo para ello; la conformación de una mesa de trabajo con participación de las instituciones involucradas (MDP, CSJ y MP), a fin de la unificación de criterios entre los profesionales del área y la validación de un instrumento único.

En el tercer punto referente a la evaluación psicológica vinculada a la aplicación de medidas se acordó también elevar una nota, tanto al Poder Judicial, al Ministerio Público y a la Policía Nacional, solicitando la pronta ejecución de la interconexión de los sistemas de software único de denuncias entre el Ministerio Público (MP), la Policía Nacional (PN) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a fin de contar con una base de datos único para la consulta sobre reincidencia.

Así también se recomendó la evaluación de los informes psicológicos utilizados para la aplicación de medidas de protección, con el objetivo de verificar si efectivamente corresponde la reinserción de los agresores. Se propone una revisión rigurosa antes de aplicar nuevas medidas, considerando una evaluación socioambiental y el perfil del evaluador.

En el cuarto punto que es sobre la propuesta de tratamiento para agresores se decidió elevar una nota al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social ante la necesidad urgente de contar con el Manual para el Tratamiento de Agresores, así como con equipos especializados, conforme lo establecido por la legislación vigente.

La Ley N.º 5777/2016, en su artículo 22 inciso f, mandata al Ministerio de Salud Pública a desarrollar propuestas de tratamiento para agresores. En ese marco, el equipo técnico del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social ha elaborado una guía que será lanzada oficialmente en agosto, con posterior validación e implementación. El programa tiene una duración de entre 9 meses a 2 años.

En el quinto punto relacionado a la prevención de la violencia y la formación de formadores, acordaron que las instituciones van a recibir por parte del Ministerio de la Mujer una invitación para participar en la formación de facilitadores de la Igualdad a fin de llevar adelante la política de prevención, inicialmente, a los servidores públicos, el mismo será impartido desde el Instituto Técnico Superior de Formación para la Equidad

En ese punto también se vio la necesidad de elevar una nota para el Ministerio de Educación y Ciencias instando a aplicar el artículo 13 en todos sus incisos de la Ley N° 5777/2016, la Ley N° 7239/2024 y la Ley N° 6202/2018

En el sexto punto que tiene que ver con el Proyecto de Ley de Juzgados Especializados en Violencia contra las Mujeres se decidió convocar a una reunión exclusiva y extraordinaria para el tratamiento del proyecto de ley. Se prevé realizar una reunión con las autoridades de los tres poderes del Estado, con miras a evaluar una sesión exclusiva dedicada a esta iniciativa.

En el séptimo punto referente a la nota de la Coordinadora de los Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY) expresando sus preocupaciones sobre los últimos hechos de violencia contra las mujeres, se acordó convocar a la Coordinadora a una reunión, con el objetivo de implementar acciones de manera articulada con la Mesa PREVIM para fortalecer el sistema de protección.

Y como último punto se abordó la convocatoria pública del Ministerio de la Mujer a las Organizaciones de la Sociedad Civil para integrar la Mesa PREVIM, cuyo llamado cierra mañana viernes 25 a las 15:00 horas. Se informó que hasta la fecha solo fueron presentadas 3 carpetas de postulación de las organizaciones de la Sociedad Civil para integrar la Mesa PREVIM, la SubComisión de Selección conformada por las instituciones del Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, Policía Nacional y el Ministerio de la Mujer, se reunirá el día lunes 28 a fin de evaluar las postulaciones.

Participaron representantes de la Policía Nacional del Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, Ministerio de la Defensa Pública (MDP), Corte Suprema de Justicia (CSJ), Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), Ministerio de Desarrollo Social (MDS), Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores.

También estuvieron dos representantes de Organizaciones Sociales que son de Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA) y Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (Tedic).

La Mesa PREVIM está conformada por 17 instituciones públicas y dos organizaciones de la sociedad civil. Se reúne, periódicamente, con el fin de evaluar y revisar avances y desafíos, así como para discutir y construir propuestas de acción que respondan de manera integral a las distintas manifestaciones de la violencia contra las mujeres.

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