En prevención a la violencia el MinMujer brindó más de 13.600 servicios integrales en seis meses

El Ministerio de la Mujer desempeña un papel crucial como guía y coordinador de las políticas públicas orientadas a asegurar la igualdad y proteger los derechos de las mujeres. Su misión principal es fomentar la participación plena de las mujeres en la sociedad, la economía y la política, enfrentando los desafíos actuales con acciones concretas y adaptadas a las circunstancias de cada caso.

Durante el primer semestre, en lo que se realiza en el área de Atención Integral, el Ministerio de la Mujer brindó asistencia a 5.614 mujeres, quienes recibieron un total de 13.640 servicios. En el ámbito de la Protección Especializada, 54 mujeres y sus 85 hijos e hijas fueron beneficiarios de 451 servicios en total brindados en los albergues Mercedes Sandoval, el de Trata de Personas y el de Curuguaty, estas cifras reflejan el alcance y el compromiso del ministerio en ofrecer apoyo y protección.

Son resultados del trabajo de enero a junio, y se refieren a Servicios de Atención a la Mujer (SEDAMUR), la Línea 137, los cinco Centros Regionales de Mujeres, en el área de trata de Personas, el Programa Ciudad Mujer, tanto en el Centro Ciudad Mujer como en la versión Móvil, además de los albergues de Central y Curuguaty.

En respuesta a los casos de desigualdad y violencia, el Ministerio de la Mujer implementa diversas acciones a través del Servicio de Atención a la Mujer (SEDAMUR) y los Centros Regionales, componentes del Viceministerio de Protección de los Derechos de las Mujeres. Este servicio proporciona asesoramiento jurídico, apoyo psicológico indispensable y seguimiento terapéutico para ayudar a las mujeres a superar el ciclo de la violencia.

Además, el ministerio gestiona con otras instituciones para integrar a las mujeres en programas sociales o proyectos habitacionales, ajustándose a las especificidades de cada situación.

Protección y Confidencialidad: Un Pilar en la Lucha Contra la Violencia

En casos extremos, donde las mujeres y sus hijos son víctimas de violencia, el Ministerio de la Mujer ofrece refugio en albergues ubicados en los departamentos Central y Canindeyú. Estos albergues garantizan una atención integral que incluye apoyo psicológico, acompañamiento legal, atención médica, terapia ocupacional, información sobre derechos, y capacitación. Se prioriza también la continuidad educativa de los hijos de las mujeres atendidas, asegurando un ambiente seguro y propicio para su desarrollo.

Con estas acciones, el Ministerio de la Mujer reafirma su compromiso con la protección, el cuidado y la promoción de los derechos de las mujeres, adaptando sus servicios a las necesidades únicas de cada caso.

La Ley 5777/16 «De Protección Integral a las Mujeres contra toda forma de Violencia» establece en su Artículo 9º la importancia de la confidencialidad al tratar casos de violencia contra la mujer. Este artículo garantiza el respeto al derecho de confidencialidad e intimidad, prohibiendo la reproducción o difusión de información relacionada con estos casos sin la autorización de la víctima. En el caso de niñas y adolescentes, se requiere una autorización expresa de los padres o tutores. Este marco legal restringe al Ministerio de la Mujer en términos de divulgación de información sobre casos específicos de víctimas.

No obstante, es crucial destacar que, al tomar conocimiento de un caso de alguna víctima de violencia, el ministerio actúa contactando a la persona afectada y colaborando con el Ministerio Público. Esto incluye solicitar información relevante recogida por diversas instituciones y, si es necesario, ampliarla, siempre con la máxima cautela para evitar la revictimización de quienes reciben atención.

El Ministerio de la Mujer cuenta con la línea SOS 137 para contención y derivación, según sean los casos, la atención especializada en Asunción, en el Centro Ciudad Mujer de Villa Elisa y en los cinco Centros Regionales ubicados en Alto Paraná, Boquerón, Amambay, San Pedro y Canindeyú.

Los hechos de violencia contra la mujer pueden y deben denunciarse en la Comisaría más cercana (Policía Nacional); el Ministerio Público (Fiscalía), el Poder Judicial (Juzgado de Paz), que forman parte de las instituciones que tienen el deber de proteger.

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