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La Ministra, Celina Lezcano, participó de la presentación del Informe "Feminicidio en Paraguay 2017-2020" elaborado por el PNUD Paraguay y ONU Mujeres, en el marco de la campaña UNITE para erradicar la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas. El Informe reúne información sobre casos de feminicidio en el país y los procesos judiciales que se han llevado a cabo con esa carátula.
Feminicidio en Paraguay 2017-2020 ofrece información sistematizada sobre los procesos judiciales llevados a cabo en los casos de feminicidio, a cinco años de la promulgación de la ley 5777/16 “De Protección Integral a las Mujeres contra Toda Forma de Violencia”. También analiza las sentencias con el propósito de identificar avances y obstáculos en la justiciabilidad de los casos desde una perspectiva de derechos humanos y género.
El estudio accedió a 19 de las 22 sentencias judiciales que se aplicaron de los 92 expedientes por feminicidio consumado registrados entre los años 2017 y 2020, dando cuenta de que el 23 % de ellos ha recibido condena. El informe revela, además, que en la mayoría de los casos hubo antecedentes de violencia que las víctimas habían denunciado y que todos los victimarios tenían un vínculo de tipo íntimo con la víctima (esposos, parejas o exparejas sentimentales), siendo la casa de la víctima el principal lugar donde ocurrieron los hechos.
La Ministra, Celina Lezcano, señaló que “el feminicidio es el resultado final de la violencia contra las mujeres por su condición de mujer, la ley 5777/16 establece 15 tipos de violencia sobre las cuales debemos actuar, concientizar y así prevenir para que no se llegue a un feminicidio”. Además, resaltó la importancia de contar con este tipo de investigaciones “compartir estudios y generar espacios de debate sobre estos temas es muy importante para generar un cambio profundo que transforme realmente la sociedad y el estado de manera a erradicar todo tipo de violencia contra las Mujeres”.
El presente diagnóstico sobre la aplicación de la ley en las sentencias judiciales para casos de feminicidio, aporta información para medir la eficacia y evolución de los procesos en el marco de la ley. También aspira a contribuir en la formulación de políticas públicas para la prevención, atención, protección y sanción de los cass de violencia y del feminicidio, su expresión extrema.
Sobre el punto, la Ministra puntualizó que “el plan piloto de reacción inmediata llevado a cabo con todas las instituciones intervinientes del estado, es un ejemplo de que la articulación entre instituciones es posible y que tiene y debe de impulsarse desde las autoridades a cargo de las mismas” y recalcó que “no debemos olvidar también que la cooperación y la sociedad civil son nuestros aliados en esta lucha”.
Finalmente instó a la sociedad a “comprometer a todas/os a que estos 16 días de activismo se transformen en 365 días y que sigamos luchando codo a codo por una sociedad más justa y equitativa”.