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Presentación de Ley 5777/16 a referentes departamentales
El Ministerio de la Mujer con el objetivo de construir marcos referenciales compartidos sobre la aplicación de la Ley 5777/16 de Protección Integral a las Mujeres Contra toda forma de Violencia con enfoque de género, realizó ayer la presentación de la mencionada Ley a 52 personas, referentes institucionales, departamentales, previstos en su Artículo 27, y al equipo técnico de los cuatro Centros Regionales de las Mujeres de CDE, Filadelfia, Curuguaty y PJC. La presentación estuvo a cargo de la Viceministra de Protección de los Derechos de las Mujeres, Liliana Zayas.
El encuentro virtual, organizado en el marco del Proyecto “Paraguay protege a mujeres, niñas, niños y adolescentes contra la violencia basada en género, en el contexto de la emergencia Covid-19”, financiado por PNUD y por la interagencial de las Naciones Unidas, y liderado por el Ministerio de la Mujer, contó con representantes del Centro Regional de Alto Paraná: Gobernación de Alto Paraná, Ministerio de Salud, Ministerio de la Defensa Pública, Poder Judicial, Ministerio Público; Ministerio de Urbanismo y Vivienda, Ministerio del Interior, Centro Regional de Mujeres de CDE. Igualmente, del Centro Regional de Filadelfia, Gobernación de Boquerón, Municipalidad de Filadelfia; Centro Regional de Pedro Juan Caballero, Gobernación de Amambay, Municipalidad de Pedro Juan Caballero, Poder Judicial, Ministerio Público, XIII Región Sanitaria, Hospital Regional de PJC, Defensoría Especializada Ley 5777/16, MDS y Centro Regional de Cruguaty.
El Artículo 27 de la Ley 5777 habla de la Mesa Interinstitucional de Prevención de la Violencia contra la Mujer, que es coordinada por el Ministerio de la Mujer e integrada por una representación de cada una de las siguientes instituciones: Ministerio de la Mujer; Ministerio del Interior; Ministerio de Hacienda; Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social; Ministerio de Educación y Cultura; Ministerio de Justicia; Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia.
Igualmente, la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos, dependiente de la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social; Secretaría de Acción Social; Secretaría de Emergencia Nacional; Secretaría de Información y Comunicación de la Presidencia de la República; La Secretaría Nacional de Tecnología de la Información y Comunicación; Ministerio Público; Ministerio de la Defensa Pública; Secretaría Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad; Poder Judicial; Comisiones de Equidad de Género y de Derechos Humanos de las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso Nacional; y, Sociedad Civil, representantes de al menos 5 (cinco) organizaciones.
En Paraguay, el primer caso de Covid-19 se confirmó el 7 de marzo de 2020, y hoy el número de casos en el país superan los catorce mil. El Equipo de Coordinación de Naciones Unidas (UNCT) en Paraguay, elaboró un Plan de acción de preparación y respuesta que guía la articulación de las acciones de las agencias de la ONU en respuesta al brote e impacto de Covid-19.
En el marco de las acciones planificadas, el UNCT ha logrado los recursos disponibles para atender específicamente el tema de las mujeres, niñas, niños y adolescentes contra la violencia. A este respecto, el Ministerio de la Mujer (MinMujer) ha expresado su preocupación por los datos recientes que indican un aumento del número de casos denunciados de violencia doméstica en el contexto de la emergencia por Covid-19. Mientras que el Ministerio de la Niñez y Adolescencia (MINNA) enfrenta el desafío, con capacidades institucionales reducidas, de brindar una atención adecuada y efectiva a la niñez, adolescencia víctima de violencia física y sexual.
Considerando las medidas preventivas en general aplicadas en el país y todo el impacto socioeconómico y psicológico del brote de Covid-19, la violencia doméstica contra mujeres, niñas, niños y adolescentes es un tema que se abordó de manera urgente. El enfoque apropiado del proyecto es mediante el fortalecimiento de las capacidades institucionales existentes para la prevención y atención de la violencia, y mediante el desarrollo de acciones de comunicación que puedan llegar a las zonas rurales y a los grupos vulnerabilizados, incluidas las trabajadoras domésticas.