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Ante las manifestaciones y expresiones contra la Ministra de la Niñez y Adolescencia, Dra. Teresa Martínez Acosta, que exceden la crítica responsable y racional a la gestión de una servidora pública, y que lesionan directamente su dignidad como mujer, instituciones que integran la Mesa PREVIM se solidarizan con la Máxima Autoridad del MINNA.
El pronunciamiento fue firmado por los Ministerios, de la Mujer, de Defensa Pública, del Interior, de Justicia, de Desarrollo Social, de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; de la Niñez y la Adolescencia; la Secretaría de Emergencia Nacional la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA), la Asociación de Tecnología, Educación, Desarrollo, Investigación y Comunicación (TEDIC), integrantes de la Mesa Interinstitucional de Prevención de la Violencia contra la Mujer, instancia asesora del Órgano Rector de la Ley 5777/16 de “Protección integral a las Mujeres contra todas las formas de Violencia” y el Foro de Mujeres del Mercosur – Capítulo Paraguay.
La Mesa Interinstitucional de Prevención de la Violencia contra la Mujer (PREVIM) se pronuncia contra las expresiones y actuaciones que obstaculizan la consolidación de una sociedad respetuosa de los derechos humanos y que afectan profundamente los avances en el cumplimiento efectivo de los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes de nuestro país.
Como integrantes de la política estatal para la prevención, atención y protección a mujeres víctimas de violencia, rechazamos cada uno de los actos o conductas que afectan la dignidad, la libertad y la seguridad de todas las mujeres, con el objetivo o resultado de limitar, condicionar o anular el libre y pleno ejercicio de sus derechos personales, laborales, así como su participación en el ámbito público o social.
EXHORTAMOS a la sociedad toda a no tolerar la violencia contra las mujeres en ninguna de sus formas y a adoptar conductas que edifiquen y contribuyan positivamente a su erradicación.
INSTAMOS a la ciudadanía en general a la participación activa en los procesos de construcción de políticas públicas, alentando a una participación informada, seria y responsable, a fin de que en el ámbito en el que se debatan los intereses y destino de la comunidad y de la Nación, se privilegie el diálogo como estrategia esencial para los acuerdos, y se materialice el compromiso de construir una sociedad más igualitaria y democrática para todos y todas.